Inspección de Trabajo ha resuelto que la empresa de Seguros Santalucía deberá pagar al Régimen General de la Seguridad Social un total de 1.326.304 euros correspondientes a las cotizaciones pendientes de su personal desde octubre de 2015 hasta enero de 2020.
Los autónomos que han tenido cese de actividad extraordinario han contado también con la ayuda de no tener que ingresar la cuota de la Seguridad Social. Esto ha supuesto un importante alivio para muchos de ellos, sobre todo si cotizaban por la base mínima. Pero tras la prórroga del pasado mes de junio de tres meses, la exención total de julio, en agosto se acaban las exenciones de cotización por cese de actividad para autónomos.
Sólo la hostelería, la restauración y la hotelería tienen asegurada la ampliación de las condiciones de los ERTE. De puertas para fuera el compromiso del Gobierno con el sector turístico para tratar de extender los ERTE hasta el 31 de diciembre es firme. Pero de puertas para dentro las negociaciones no están siendo tan fáciles y algunos subsectores dentro del turismo podrían quedarse fuera, según confirman fuentes conocedoras del proceso a Invertia.
Entre abril y el 13 de agosto se han realizado casi 27.850 actuaciones de la Inspección de Trabajo para controlar que las condiciones de la aplicación de los Ertes por parte de las empresas se ajusta a la legalidad, según adelantan a eE fuentes del Ministerio de Trabajo. Dado que las empresas a las que se ha aprobado un Erte rondan las 530.000, el porcentaje de sociedades sobre las que ha actuado la Inspección es del 5,25% del total.
La Agencia Tributaria seguirá un camino diferente al de las recomendaciones de la OCDE, que ya han adoptado varios países, al evaluar el criterio de residencia fiscal con la presencia forzosa en territorio español por el coronavirus. La Dirección General de Tributos, órgano dependiente de Hacienda, ha publicado una consulta en la que deja claro que se contará todo el periodo pasado en territorio nacional para la exigencia de tributar en España, haya sido voluntario o involuntario. El criterio también afecta a situaciones de duda entre comunidades autónomas.
El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer al uso obligatorio de la mascarilla de forma permanente a partir de hoy tanto en espacios abiertos como cerrados, y ante cuyo incumplimiento se fija una sanción de 100 euros. La mascarilla será incluso obligatoria también en los paseos por la playa, aunque no para los baños en el agua ni tampoco para estar en la arena en el espacio de la sombrilla, toldo o toallas de cada grupo, siempre que se mantenga la distancia de seguridad de un metro y medio. En el caso de las piscinas, se excluye también su uso en el baño y en la zona en la que se permanezca con distancia, pero será obligatoria para desplazarse por las instalaciones.
Andalucía se sumará la próxima semana a las comunidades autónomas, que como Cataluña o Baleares, han impuesto la obligatoriedad del uso de las mascarillas. La decisión la ha anunciado este sábado por la mañana el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, quien ha justificado la medida en la “turismofobia” que se ha evidenciado en varios municipios porque los turistas no la llevaban puesta, y en el “progresivo relajamiento” entre la población “después de cinco meses muy duros”.
Ya en fechas relativamente recientes informamos a nuestros lectores de las consecuencias de la vuelta a la actividad de aquellos contribuyentes que realizan actividades económicas tributando en IRPF por el régimen de estimación objetiva y al tiempo lo hacen (tributar) en el régimen especial simplificado de IVA: los conocidos como "Módulos". Nuestro comentario ¿Cómo vuelven a la actividad contribuyentes en módulos a efectos de IVA e IRPF?, se posicionaba a este respecto.