El margen de autonomía de las regiones para ajustar tributos, principalmente los de sucesiones y patrimonio, "debe ser compatible con la igualdad de los ciudadanos ante la ley del artículo 14 de la Constitución", consideran los expertos El Gobierno prepara una reforma fiscal de la que se van conociendo algunos trazos.
Pasaría por incrementar impuestos medioambientales y acompasar la recaudación de los impuestos de sucesiones y patrimonio entre comunidades autónomas, puesto que unas cobran unas tasas muy altas y otras muy bajas gracias a que ajustan los tributos nacionales con bonificaciones de hasta casi el 100%, como es el caso de Madrid, contra la que en buena parte va dirigida la reforma del Ejecutivo.

Expertos en Derecho Financiero y Tributario consultados por El Independiente consideran que España arrastra desde hace décadas un sistema impositivo que genera un trato «totalmente desigual» entre ciudadanos de unas regiones y otras que debería haberse corregido hace mucho.

Para Juan Martín Queralt, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia, «el margen de autonomía que tienen las regiones» para aplicar los tributos debe ser «compatible con la igualdad de los ciudadanos ante la ley reconocida en el artículo 14 de la Constitución Española» que, según considera, el Tribunal Constitucional debería haber puesto como límite a las disparidades recaudatorias. «Tampoco los sucesivos gobiernos han sabido frenar esta mala interpretación de la autonomía que lleva a situaciones injustas. No es justo que alguien en Cáceres esté sujeto a un impuesto mucho más alto que alguien en Madrid o en otras comunidades», apunta el experto.

Los primeros documentos con los que trabaja Moncloa ya hablan de «la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA».

Modificar la ley de cesión de tributos

Pero, ¿cómo puede conseguir el Ejecutivo este objetivo? ¿Qué margen legal tiene el Gobierno central para equilibrar la recaudación de impuestos entre regiones? Juan Arrieta Martínez de Pisón, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid, apunta a una posible modificación de la ley de cesión de tributos a las Comunidades Autónomas de 2009 para establecer un mínimo de tributación en todos los territorios entorno a un 15 o un 20%, impidiendo que las bonificaciones modifiquen sustancialmente esa horquilla. Una ley que, al ser ordinaria, no necesitaría el apoyo de 3/5 de las Cortes, sino únicamente mayoría.

Para el experto, sería razonable establecer el citado mínimo de tributación en todas las comunidades «no para penalizar a Madrid, sino para armonizar el sistema». Esto sería posible, según explica, sin invadir las competencias regionales en la medida en que «el impuesto tiene al Estado como titular» aunque se haya cedido la posibilidad de regularlo a las regiones, lo que «ha abierto una auténtica guerra fiscal», recuerda. En la misma línea se manifiesta Javier Martín Fernández, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid: «No podemos olvidar que los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones o transmisiones patrimoniales son tributos estatales, por lo que el legislador estatal es el competente paras su reforma. Las competencias normativas a las CCAA se incorporaron para incrementar su corresponsabilidad fiscal, por cierto, principio no reconocido en la Constitución. Por tanto, no es contrario a la misma limitar dichas competencias, fijando límites máximos y mínimos, siempre que no eliminen la citada corresponsabilidad».

Si las CCAA no actúan en los tributos cedidos, únicamente lo podrían hacer en figuras nada relevantes y de escasa recaudación
Para el letrado, «dicho ejercicio por parte de las CCAA es necesario, ya que tienen su poder tributario muy limitado por las reservas normativas a favor del Estado y las entidades locales, de forma que si no actúan en los tributos cedidos, únicamente lo podrían hacer en figuras nada relevantes y de escasa recaudación. Es cierto que con la competencia fiscal se gana en eficacia, si bien no puede ser desleal (principio comunitario), teniendo presente las diferencias existentes entre CCAA», añade.

Reforma coherente con una Hacienda Pública eficiente

Estos cambios para equiparar los impuestos citados entre regiones no tendrían sentido si no están enmarcados en «una Hacienda Pública administrada desde la idea de que tan importante es el ingreso como el gasto», reflexiona el catedrático Martín Queralt. «Hoy en día la Hacienda es ingreso, parece que el gasto no le importa a nadie, y además este último parece que está descontrolado». El experto saca a relucir el dato «absolutamente irracional» proporcionado por el Banco de España esta semana: la deuda pública ya supera el 121,5% del Producto Interior Bruto. «Nos hemos vuelto insolidarios y estamos legando a generaciones futuras una deuda que hemos generado nosotros y pagarán nuestros hijos y nietos», reflexiona con preocupación. El catedrático apela a la responsabilidad de los gobernantes en el gasto y en la manera en que decidan recaudar impuestos. Recuerda que el Consejo de Estado ya advirtió al Gobierno en relación con la LeyLey, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de que la recaudación no debe «arrasar» los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El dictamen 279/2020 del supremo órgano consultivo del Gobierno de España emitido el 10 de julio del año pasado, aludido por Martín Queralt, decía exactamente en su consideración final: «Se considera oportuno realizar un esfuerzo por atemperar aquellas previsiones que pueden desvirtuar el alcance y razón de ser de determinados mecanismos característicos del ámbito tributario, especialmente cuando en su configuración se atiende eminentemente a la finalidad recaudatoria de la medida propuesta o a su incidencia sobre posibles conductas fraudulentas y pasa a un segundo plano la perspectiva de los derechos y garantías que corresponden a todo contribuyente en el marco de los diferentes procedimientos tributarios». 

Fuente: El Independiente